La Contraloría General de la República (CGR) informó que, tras una auditoría al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) encontró inconsistencias en las contrataciones.
“Se identificaron debilidades relacionadas con la aplicación de la normativa referente al alcance y costo de las contrataciones de bienes del INVU, debilidades en la planificación de las compras, entre otros” detalla la Contraloría.
Según la información, el proceso se realizó para determinar si los procesos de contratación administrativa cumplen con la normativa.
Esto con el fin de propiciar la eficiencia del proceso e identificar potenciales riesgos en la adquisición de bienes.
Conclusiones de la auditoría de la CGR
- Los procesos de contratación administrativa no cumplen razonablemente con la normativa aplicable con el fin de propiciar la eficiencia del proceso e identificar potenciales riesgos en la adquisición de bienes.
- Se evidenció la desvinculación de los procesos de contratación con los planes de corto, mediano y largo plazo, omisión de información en la decisión inicial, modificaciones en las cantidades de bienes a adquirir posterior a la apertura de ofertas.
- Ausencia de controles en la verificación de los inventarios previo al inicio de cada proceso de contratación.
- Debilidades en la identificación, análisis y evaluación de los riesgos asociados a cada una de las etapas del proceso de contratación administrativa. y se evidenció la falta de algunos documentos en la plataforma del SICOP.
Afectación
Según detalló la CGR, “las deficiencias señaladas no solo afectan principios elementales, como la transparencia y la rendición de cuentas, sino que inciden en una adecuada conceptualización del objeto contractual”.
Que se traducen, en servicios públicos que no son recibidos de manera oportuna por la sociedad.
Además de generar el riesgo de no obtener dichos bienes con la calidad y precios razonables, detalló la Contraloría.
Debido a esto, la Junta Directiva del INVU debe:
- “Resolver sobre la normativa institucional vinculante para regular la planificación de las compras públicas presentada por la Gerencia”, indica el documento.
- Debe emitir a la Contraloría General, copia certificada del acuerdo, en el que ese órgano colegiado resuelve sobre la normativa remitida, para acreditar el cumplimiento de la disposición.
- Esto en un plazo máximo de un mes a partir del recibido de la normativa por parte de la Gerencia General, indica el documento.
Redacción
Repretel.com
