Redacción NR
La información sobre los 10 allanamientos históricos a un gobierno de turno, fluye a cuenta gotas.
No es para menos, más de 50 funcionaros judiciales trabajaron más de 20 horas continuas, en los lugares de interés y falta camino para analizar la prueba recabada.
La fiscala general y los magistrados de la sala tercera en pleno allanaron el despacho presidencial, el despacho de ministro de la presidencia, la oficina de la antigua UPAD y la de Diego Fernández encargado de la unidad.
El mandatario Alvarado se quedó sin teléfono al igual que el ministro Víctor Morales.
Al presidente, ministros de la presidencia, del Mideplan y a los encargados de leyes y decretos y de la extinta upad se les acusa de abuso de autoridad, violación de datos de personales y prevaricato es decir tomar decisiones contrataría a la ley de delitos con pena de cárcel que van desde los 3 meses y hasta los 6 años.
Esto por la puesta en marcha de la unidad de análisis de datos, que de acuerdo a la tesis de abogados litigantes quienes denunciaron el hecho, funcionó durante 18 meses al margen de la ley.
La fiscalía general informó que es posible que Emilia Navas Aparicio, brinde un primer balance el próximo lunes.