José Antonio Potes viajó a El Salvador con la ilusión de conseguir trabajo y ayudar a su familia. El joven colombiano admiraba al mandatario centroamericano Nayib Bukele. Las noticias de la supuesta transformación del país lo entusiasmaban, un lugar que parecía mucho más seguro que su natal Valle del Cauca. Sin embargo, al entrar al país fue detenido y acusado de pertenecer a la Mara 18 de Colombia.
Su familia señala que supuestamente fue detenido por tener un tatuaje en el pecho y denuncia que no tienen noticias del joven, a quien lo tienen aislado e incomunicado. Al parecer se encuentra en una de las mega prisiones del país centroamericano.
“Todos los días me acuesto y me pongo a llorar”, dijo Eliana Potes Cáez al noticiero colombiano Noticias Uno.
Claudia Marcela, pareja del joven y madre de su hijo de cuatro años, contó que una persona que lo acompañaba presenció la detención.
“Está capturado porque pertenece a la Mara 18 de Colombia, ¿dónde hay aquí una Mara 18?”, dijo su pareja al noticiero colombiano.
La madre del joven y su pareja aclaran que José Antonio no tiene antecedentes penales y que solo tiene un tatuaje en el pecho, hecho por el cual puedes ir preso en El Salvador, algo que ha sido denunciado por distintas organizaciones de derechos humanos.
“Un solo tatuaje tiene, y es en el pecho, y es el nombre de mi mamá, la fecha en que nació mi mamá y en la fecha en que mi mamá nos faltó”, dijo la madre del joven detenido.
Amnistía Internacional señala que los principales patrones por los que se detienen a personas en El Salvador incluyen supuestas denuncias anónimas, la tenencia de tatuajes o de antecedentes penales previos de cualquier tipo.
“Por más de un año se han suspendido garantías procesales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, lo cual ha permitido la detención arbitraria y el encarcelamiento de más de 66 mil personas en tiempo récord. Amnistía Internacional ha documentado alrededor de 50 casos en los que ha podido identificar un patrón de detención y encarcelamiento arbitrario a gran escala”, denuncia la organización de derechos humanos.
En abril de 2022, el atleta olímpico de halterofilia Jonathan Francisco Henríquez Serrano fue detenido por la policía cuando se dirigía a su casa en la colonia Espiga de Oro. Su crimen: tener un tatuaje en el brazo con el nombre de su madre y una flor. El deportista podría enfrentar una pena de 20 años de prisión por supuestamente pertenecer a agrupaciones ilícitas.
La detención de Henríquez Serrano se dio en el marco del régimen de excepción que cumplió un año el pasado 27 de marzo, el cual fue inicialmente adoptado por 30 días para hacer frente a un aumento de la violencia de las pandillas. Como denuncia Human Rights Watch, desde entonces, la policía y los militares han detenido a más de 65.000 personas, incluyendo a cientos de niños y niñas.
“Nuestras investigaciones revelan que algunas personas detenidas han sido torturadas, decenas han muerto bajo custodia y miles han sido sometidos a procedimientos penales abusivos sin debido proceso y han permanecido incomunicadas. Las autoridades han provocado un enorme sufrimiento a los familiares de los detenidos al negarles información sobre sus paraderos, lo cual constituye una desaparición forzada conforme al derecho internacional”, señala Human Rights Watch.
Hay cientos de denuncias de desaparición forzada y asesinato. En abril de 2022, un hombre de 45 años de edad con discapacidad mental, fue capturado en su casa. En julio las autoridades carcelarias salvadoreñas le informaron a la familia que el detenido ya no se encontraba en esa prisión, pero sin dar detalles sobre su paradero. Desesperados por saber dónde se encontraba su familiar, sus allegados recorrieron infructuosamente diferentes cárceles y hospitales. Y al solicitar la ayuda del Estado a través de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República, no recibieron ningún tipo de apoyo y les negaron asistencia.
Meses después, recibieron una llamada de alguien que había compartido celda con el detenido. La persona les dijo que fueran a medicina legal, ya que creía que su compañero de celda había muerto a causa de los golpes de los guardianes de la prisión.
“Nos dijeron: su pariente vomitaba sangre por la boca y por la nariz. Creo que murió, porque se lo llevaron para el hospital y ya nunca lo regresaron”, relató la familia Amnistía Internacional.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
La mitad de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas en El Salvador, aunque el 75,9% de los ciudadanos aprueba la medida, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgado en octubre de 2022.
El pasado 4 de marzo, el subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, señaló que El Salvador pasa por una “debacle autoritaria”.
“La debacle autoritaria de El Salvador sólo sería superada por un país con un golpe de estado militar y por el Talibán”, escribió Pappier, quien compartió un hilo de publicaciones del medio local El Faro referidas al Informe de Democracia 2023.
El documento, del Instituto Varieties of Democracy (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, señala que bajo el Gobierno de Nayib Bukele se “intensificó su represión contra los periodistas y la libertad de prensa” y que junto a Túnez “ya no son democracias”.
En el informe también se pone a este país centroamericano en el grupo de las “autocracias electorales”.
