Un escándalo mundial fue la filtración de millones de documentos en la investigación Pandora Papers que reveló que una decena de líderes mundiales y billonarios ocultaron su riqueza en paraísos fiscales para bajar tributación o mantener sus inversiones en reserva.
La filtración también involucra al presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien concretó la venta de la minera Dominga a su amigo íntimo, el empresario Carlos Alberto “Choclo” Délano, en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.
En el reportaje de investigación reveló que el tercer pago que debía recibir Piñera por la venta del cuestionado proyecto minero, estaba condicionado a que el sector en que se instalaría el proyecto minero no fuera declarado como reserva nacional.
En su defensa, el mandatario chileno afirmó que los hechos mencionados en la investigación “fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017”.
“No hay ningún conflicto de interés”, dijo Piñera, argumentando que en 2009 se desligó “absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”.
Sin embargo, ahora se supo que el Ministerio Público podría abrir una causa penal contra Piñera, tras la revisión del dossier de la investigación llevada a cabo por el exfiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en 2017, donde se encontró un pre-acuerdo en español del contrato de compraventa, pero no el contrato original que se firmó en las Islas Vírgenes.
Según lo pesquisado por los abogados en las más de 500 fojas de la investigación realizada por Guerra, solo se encontró el pre-acuerdo de compraventa, el que fue firmado tres meses antes de cerrar el acuerdo en las Islas Vírgenes.
Estos nuevos antecedentes cambia el escenario actual y podría reabrirse el caso para indagar si Piñera realizó u omitió alguna obligación en su calidad de Presidente de la República para que la zona donde se iba a instalar el proyecto minero no fuera declarado reserva natural.
En ese sentido, lo revelado por Pandora Papers sumado al pre-acuerdo encontrado en el dossier de Guerra, se considerarían como antecedentes nuevos que permitirían abrir una nueva investigación.
Debido a que los hechos pasaron hace más de 10 años, la causa está prescrita, por lo que la decisión final la tomará el fiscal nacional, Jorge Abbott.
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