En su sesión ordinaria, correspondiente al martes 21 de diciembre, el Consejo de Gobierno conoció el estudio “COVID-19 Gasto Público en Salud en Costa Rica 2020”, por parte del ministro de Salud, Daniel Salas, el director de Servicios de Salud, César Gamboa, y el jefe de Economía de la Salud, Allan Rímola.
De acuerdo con lo expuesto, este es el primer estudio que se lleva a cabo en la región con la metodología SHA 2011, que se basa en estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea (Eurostat) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estudio revela que el esquema público en salud destinó un poco más ₡170.000 millones para la atención de la pandemia durante el 2020. La mayor proporción corrió a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que destinó cerca de ₡112,8 mil millones. La atención curativa fue el rubro con la mayor parte del gasto: casi ₡109.000 millones.
El instrumento permite medir el gasto realizado con fines sanitarios con transparencia en la rendición de cuentas. Las autoridades podrán tomar decisiones informadas, fijar políticas públicas y utilizar los fondos públicos de forma eficiente, todo con base en evidencia.
El próximo estudio de este tipo corresponderá al 2021 y se publicará a finales del año próximo.
Nombramiento e ICE
En otro punto de la agenda, el cuerpo de ministras y ministros escogió a Vertianne Fernández López como nueva integrante de la Junta de Protección Social (JPS). Ya integró la directiva de la JPS entre el 2018 y el 2020, de la que fue su secretaria entre el 2019 y 2020. El nombramiento vence el 31 de mayo del 2022.
Asimismo, el Consejo aprobó el “Avance del Informe del ICE y sus empresas 2021”, con la directriz de que la institución estatal debe acatar las recomendaciones de los ministerios de Ambiente y Energía (Minae), Ciencia, Tecnología y Tecnología (Micitt), Hacienda, y Planificación (Mideplan), en sus funciones de Consejo Consultivo.
También aprobó la apertura de dos procesos de lesividad contra los intereses públicos y del Estado, en materia de pensiones, en atención a sendos oficios enviados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Finalmente, acogió la recomendación técnica del Instituto Nacional de Criminología y rechazó la solicitud de indulto de 12 personas privadas de libertad, ya que ninguno de sus delitos se enmarca dentro de las políticas establecidas para conceder esa gracia.
