La FiscalÃa Adjunta de Fraudes dirigió esta mañana 10 allanamientos como parte de una investigación por los presuntos delitos de estafa mayor y legitimación de capitales.
Estos aparentes delitos habrÃan sido cometidos, aparentemente, por empleados de la cooperativa Cooapezalea, según indicó el Ministerio Público.
Los operativos se desarrollaron en casas, oficinas y locales comerciales ubicadas las provincias de San José, Alajuela y Heredia.
Lo anterior, con la finalidad de ubicar prueba documental de carácter financiero y contable.
De acuerdo con la investigación, altos funcionarios de la compañÃa suscribieron contratos de fideicomiso con empresas inversionistas, para captar recursos y colocarlos en créditos a funcionarios públicos.
Posteriormente, conformaron una organización criminal con el fin de crear préstamos ficticios a nombre de trabajadores del Estado, engañando a estos últimos y a los inversionistas.
Dos de las personas imputadas resultaron detenidas esta mañana. Se trata de Ovares y Fernández, quienes ocuparon cargos en las gerencias general y financiera, respectivamente, mientras la cooperativa permaneció activa.
Ellos están a las órdenes de la fiscalÃa para tomarles la declaración indagatoria y dictar su futuro judicial.
Hasta este momento, la fiscalÃa ha recibido 366 denuncias de funcionarios públicos afectados, asà como dos empresas inversionistas.
Preliminarmente, el perjuicio económico se ha establecido en más de 3 mil millones de colones.Â
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¿Cómo funcionaban las estafas?
Según la investigación, en 2014 la Cooperativa A (nombre ficticio) se utilizó como plataforma para las presuntas estafas y se financió por medio de fideicomisos de dos empresas de capital colombiano.
Se realizaron giros a la cooperativa sospechosa los cuales eran justificados como préstamos a empleados públicos, siendo que ya para 2020 se habÃan girado alrededor de 7 millones de dólares en supuestos préstamos.
Para ese tiempo, el banco fideicomitente remató la cartera de clientes y lo adquirió otra cooperativa costarricense (Cooperativa B).
Luego de adquirir la cartera de clientes e iniciar los cobros correspondientes por los supuestos préstamos a los empleados públicos, muchos de estos últimos advirtieron que no habÃan adquirido ningún préstamo.
La Cooperativa B, aparentemente, devolvió parte del dinero a las personas afectadas, sin embargo, según la investigación otras 317 personas resultaron afectadas.
Se concluyó que, al parecer, antes de que la Cooperativa A cerrara, se crearon una Cooperativa C y otra Cooperativa D para pasar parte de los fondos defraudados.
Aparentemente, dentro de las Juntas Directivas de las cooperativas sospechosas, se mantuvieron familiares de los lÃderes hoy detenidos.
El caso se investiga bajo el expediente 20-000360-1220-PE.