Contenido de RFI
El próximo 14 de octubre, los australianos tienen cita en las urnas para aprobar una reforma constitucional que daría poder político a los pueblos establecidos antes de la llegada de los colonos ingleses. Manifestaciones a favor y en contra se han registrado en los últimos días, pero la de este sábado 23 de septiembre destaca por su vinculación con Simeon Boikov, activista antivacunas, pro-Putin, y conocido como el “cosaco australiano”.
Cientos de personas se congregaron en la capital australiana para denunciar esta reforma, conocida como “La voz”, que otorgaría a los aborígenes el derecho a ser consultados sobre las políticas que los conciernen. De ser aprobada, las comunidades podrían crear un grupo que asesoría, de manera independiente, al Ejecutivo y al Parlamento en asuntos vinculados a estos pueblos.
Los sondeos más recientes sobre esta reforma muestran que un 60% de los australianos se oponen al cambio, frente al 40% a su favor. El año pasado la mayoría aprobaba el proyecto.
La semana pasada se registró una manifestación a favor, y la de este fin de semana es contra la posible reforma.
No más derechos a los aborígenes
“Estoy aquí porque pienso que todos tendrían que votar no. […] Esta ‘Voz’ causa tanta divisiones en toda Australia, y no lo necesitamos”, declaró a la AFP Faye Bevan, una manifestante. Algunos de ellos llevaban pancartas en los que se podía leer: “Votad no a la voz de la división” y “No confío en la voz, voto no”.
No obstante, esta manifestación no es parte de “Fair Australia”, la principal fuerza política opuesta al proyecto. El grupo oficial marcó distancias de estas protestas debido a estar vinculadas con el activista antivacunas y pro-Putin Simeon Boikov, apodado el “cosaco australiano”.
Más de dos siglos después de la colonización británica, los aborígenes, que representan menos del 4% de la población australiana, tienen estadísticamente una vida más corta que sus compatriotas, una educación más precaria y más posibilidades de morir detenidos.
Los detractores de la propuesta aseguran que daría privilegios a los aborígenes, además de aumentar la burocracia. También critican la falta de transparencia en la aplicación del proyecto.