Redacción
repretel.com
Nicaragua puso en vigor este lunes, por primera vez en su historia, la cadena perpetua para el el feminicidio en caso este sea cometido tras una violación, motivado por misoginia o frente a los hijos de la víctima.
La norma, aprobada a mediados de enero por el Congreso, entró en vigencia tras su publicación en el diario oficial. También impone la misma pena al asesinato con agravantes, como envenenamiento, asfixia, incendio o si la víctima es una persona vulnerable.
La cadena perpetua “será aplicable únicamente a los delitos más graves en contra de la vida, como el parricidio, asesinato agravado y feminicidio”, explicó a AFP José Pallais, experto en derecho penal y exdiputado opositor.
Con la reforma, esta medida fue incorporada al Código Penal, que antes tenía una pena máxima de 30 años de prisión, incluso para feminicidio, por lo que fue necesario cambiar además la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Según un informe de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Nacer, se produjeron 716 feminicidios entre 2010 y 2020 en Nicaragua, un número menor en comparación a sus vecinos.
La prisión perpetua también aplica a asesinatos motivados por el “odio”, la “intolerancia y discriminación” por razones ideológicas, económicas, sociales, religiosas, de género, color de piel, nacionalidad, discapacidad o profesión de la víctima.
El jurista Pallais estimó que la incorporación de la cadena perpetua a la legislación “es un retroceso enorme” en materia de derechos humanos porque las condiciones de las cárceles en el país son “infrahumanas”.
Sin embargo, los legisladores oficialistas subrayaron en la reforma que la norma “no viola los derechos humanos” porque, según la nueva ley, se trata de una “cadena perpetua revisable”, con lo que el condenado podrá apelar a la libertad condicional después de 30 años de prisión.
La norma aprobada alejó temporalmente el temor expresado por la oposición de que se aplique la cadena perpetua a los críticos del presidente de Daniel Ortega, quien considera que los pedidos de sanción para su gobierno son motivados por el “odio”.