Dos abogados ticos ayudaron a un empresario a esconder un helicóptero
Tendrán que pagar una multa millonaria.
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Un empresario de nacionalidad noruega y dos abogados costarricenses fueron condenados a un año de prisión y al pago de aproximadamente ₡113 millones por daños, perjuicios y costas procesales, luego de que sacaran un helicóptero de un hangar del aeropuerto Tobías Bolaños y lo trasladaran a distintos puntos del país para evitar el pago de una deuda superior a ₡48 millones.
El Tribunal Penal de Pavas resolvió el caso después de un proceso judicial que se extendió durante 10 años.
¿Qué ocurrió con el helicóptero?
Según la acusación privada, el empresario de apellido Haversen trajo al país en 2009 un helicóptero UH-1H, modelo 1969, utilizado originalmente durante la Guerra de Vietnam.
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Para ponerlo en funcionamiento en Costa Rica, contrató a dos empresas encargadas de su ensamblaje, certificación, custodia y mantenimiento.
Sin embargo, cinco años después acumuló una deuda superior a ₡48 millones con estas compañías. Debido a esto, la aeronave quedó bajo custodia como garantía hasta que se cancelara el monto adeudado.
Lo sacaron del aeropuerto de madrugada
El 20 de agosto de 2016, alrededor de las 4 de la mañana, los abogados de apellidos Román Jacobo y Zapata Segura llegaron al aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas.
Según la investigación, ambos indicaron a los policías aeroportuarios que buscaban un helicóptero que se les había perdido. Posteriormente, llegaron hasta el hangar donde se encontraba la aeronave y la sacaron remolcada con un vehículo tipo pick-up.
El helicóptero se trasladó inicialmente hasta una propiedad en San Francisco de Vásquez de Coronado y posteriormente llevado a Rocaquemada de Grano de Oro, en Turrialba.
Tribunal calificó los hechos como un plan delictivo
El Tribunal Penal determinó que se trató de un plan coordinado entre los dos abogados y el empresario extranjero para ocultar la aeronave y evitar que las empresas pudieran cobrar la deuda.
Los hechos se calificaron como estelionato, delito relacionado con el engaño o fraude en un contrato o acto jurídico.
Además de la pena de un año de prisión, los tres condenados deberán pagar en conjunto alrededor de ₡113 millones por daños, perjuicios y costas procesales.
Uno de los condenados, de apellido Román Jacobo, es además un exfiscal del Ministerio Público e integrante de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Costa Rica.