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La Sala Constitucional ordenó suspender el segundo debate del presupuesto nacional de 2027, en tanto se resuelva el fondo de una consulta sobre la posible afectación al Poder Judicial.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, leyó la notificación cerca de las 5 de la tarde.
Esta medida se tomó mientras los magistrados analizan una consulta presentada por el propio Poder Judicial sobre varias normas incluidas en el presupuesto que podrían afectar su funcionamiento el próximo año.
Liberación Nacional celebró la decisión, al señalar que esas normas debían estudiarse a la luz del artículo 167 de la Constitución Política, así lo dio a conocer Álvaro Ramírez.
Jiménez decidió mantener la discusión del proyecto, lo que generó nuevos cuestionamientos de la oposición, que considera que deben suspenderse tanto el debate como la votación.
Los diputados del Frente Amplio presentaron una apelación, así lo indicó Edgardo Araya.
La orden de la Sala Constitucional es clara, según expuso Nogui Acosta y Claudia Dobles, la legisladora indicó que el plenario deberá abstenerse de dar segundo debate.
La diputada explicó que para debatir un presupuesto es necesario saber cuál es el estado de cosas que quedó, y advirtió que los obligarían a debatir sobre un texto cuya versión final se desconoce.
También planteó separar la discusión de la votación, al sostener que la medida cautelar solo impide votar el presupuesto en segundo debate y que la discusión puede agotarse.
Una tercera intervención rechazó esa lectura: “El segundo debate es un solo acto, su discusión y su votación son un solo acto”, declaró, y advirtió que continuar la discusión implicaría desobedecer la resolución.
La Corte Plena determinó que el presupuesto requería 38 votos para su aprobación, al considerar que afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
El director del Legislativo estableció que bastan 29 votos, al interpretar que se trata de un presupuesto y no de un proyecto de ley ordinario.
La presidenta de la República, Laura Fernández, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, sostuvieron su primera reunión en cinco meses en Casa Presidencial.
Tras casi dos horas de conversación, el gobierno acordó revisar las restricciones al presupuesto del Poder Judicial en una mesa de trabajo.
Las condiciones impuestas por el gobierno pretenden congelar 30.000 millones de colones del presupuesto del Poder Judicial del próximo año.
Vargas indicó que las normas de ejecución presupuestaria les ponen en una situación complicada e impedirían cumplir las tareas que constitucionalmente les corresponden.
Ambas jerarcas acordaron participar en una nueva reunión el próximo 20 de noviembre en el Poder Judicial, junto a las presidentas del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Asamblea Legislativa.
La votación en segundo debate estaba prevista para este martes 10, pero con la medida cautelar de la Sala Cuarta quedará hasta finales de mes.