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El reclutamiento de menores de edad por parte de estructuras criminales encendió el debate sobre la Ley Penal Juvenil, vigente desde 1996.
Solo en 2024 se investigaron a 64 menores como sospechosos de homicidios, según información judicial.
A raíz de eso, las bandas criminales se han fijado en este grupo vulnerable para incorporarlo a sus estructuras.
Para José Pablo Venegas, experto legal, la justicia penal juvenil en el país dista mucho de la realidad que enfrenta la criminalidad en ese ámbito.
“Dentro de esta no se observan aspectos como la persecución y la investigación de circunstancias propias del crimen organizado”, señaló.
Tampoco existe la posibilidad de que las víctimas recurran al cobro de daños y perjuicios mediante la constitución de la acción simple resarcitoria.
Para el diputado José Miguel Villalobos, del Partido Oficialista, coincide en la necesidad de una reforma legal.
“La Ley Penal Juvenil es de los años 90, y creo que está desajustada ya a los problemas que se viven en este momento”, afirmó.
Asimismo, Villalobos propuso que las penas para los menores de 18 años no necesariamente se incrementen.
Según su criterio, lo que está fallando no es el monto de la pena, sino la forma en que se cumple.
También, sostuvo que existen lagunas en esa ley que permiten que personas que han cometido homicidios por ser menores de edad puedan salir mucho más rápido.
Marco Badilla, integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, expresó que materias como esta deberían ser objeto de reformas integrales y de revisión.