La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) expresó su preocupación por el impacto que tendría sobre el ingreso disponible, principalmente de las familias de clase media, la aprobación de algunos impuestos que se discuten en la Asamblea Legislativa, así como por el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo en relación con el tema de renta global dual, esto luego del proceso de Diálogo Multisectorial.
La Unión de Cámaras advirtió que uno de los principales incumplimientos del Ejecutivo es que se acordó que el proyecto de Ley de Renta Global sería
revisado por los sectores antes de su presentación a la Asamblea Legislativa.
No obstante, el sector empresarial conoció la propuesta hasta que ya estuvo
presentada.
Una de las medidas que afecta a la clase media es el mínimo exento en
renta. Hoy el mínimo exento es para las personas asalariadas hasta por los
842.000 colones mensuales, mientras que en la propuesta de renta global
dual se establece un mínimo vital anual que bajaría el monto mensual para
los asalariados a los 683.000 colones, con lo que el impacto a la clase media
es mayor.
Aunque el acuerdo no estableció tarifas para las personas físicas, se
esperaba que estas se mantuvieran. Sin embargo, el proyecto modifica los
tramos, y aumenta las tarifas afectando principalmente a las personas
asalariadas.
Otro de los acuerdos pactados en el Diálogo Multisectorial fue la
deducibilidad de gastos de las personas físicas, relacionados con créditos
financieros, gastos médicos y de educación, entre otros, como un beneficio
para la clase media, sin embargo, el proyecto de ley excluye esta
deducibilidad, lo cual el sector empresarial considera vital para lograr una
mayor aceptación y una menor afectación a las personas físicas.
En esta Mesa también se acordó que la tarifa a las empresas tendría un
techo del 27,5%; sin embargo, se mantiene la tasa del 30%. El tope acordado
buscaba que existan mayores recursos disponibles para la inversión y la
generación de empleos, propiciando la reactivación económica que
necesita el país. También se incorporan dos aumentos de tributos
relacionados con un incremento de 5 puntos porcentuales a las tarifas del
gravamen sobre las remesas al exterior, y un aumento del impuesto sobre las rentas de capital y las ganancias patrimoniales, de 15% a 16.5%, esto
tendrían un impacto negativo en el estímulo a la inversión.
Finalmente, también se acordó la aplicación de la renta global no antes del
2023; sin embargo, en el proyecto se establece que regiría a partir de enero
del 2022.
En el impuesto a bienes inmuebles de lujo para uso habitacional, los
empresarios advierten que el proyecto de ley dictaminado en la Comisión
de Jurídicos pretende duplicar el impuesto que hoy ya se paga. En caso de
aprobarse, la iniciativa estará afectando de manera directa a la clase
media del país, ya que además se sustituye la tasa escalonada y progresiva
que tiene hoy la ley vigente (desde 0,25% hasta 0,55%) por una tasa única
por igual para todas las casas (de 0,50%); además se estaría pagando no
solo sobre el valor de la casa, sino también sobre el valor del terreno en el
que se encuentra el inmueble.
“A criterio del sector empresarial, estos incumplimientos de lo pactado en la
Mesa de Diálogo afectarían directamente la generación de empleo y la
urgente reactivación. Esto, sumado a los cambios en el impuesto a lo que el
Ejecutivo define como casas de lujo, golpearía a la clase media del país”,
señaló José Álvaro Jenkins; presidente de UCCAEP.
UCCAEP insiste en que la vía para sanear las finanzas públicas debe ser el
control estricto del gasto y ser eficiente con el uso del dinero de todos los
costarricenses. Por ello consideran urgente que se redoblen esfuerzos para
la pronta implementación de Hacienda Digital, que ayudará a evitar la
evasión fiscal y el contrabando, así como el uso obligatorio del SICOP en
todas las compras públicas, lo cual mejorará las finanzas del Estado sin seguir cargando de impuestos a la clase media.