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miércoles 12 de mayo 2021

Tras esperar 12 años víctima consigue indemnización por accidente de tránsito

Mujer logró mejorar su calidad de vida gracias a un acuerdo gestionado por personal de la Unidad de Ejecuciones de Sentencia.

En el 2008, Deilyn Molina sufrió un accidente de tránsito en Monteverde que cambió su vida; un autobús la atropelló y acabó con su oportunidad de seguir trabajando como chef, pero al mismo tiempo inició un proceso para obtener una indemnización por daños y perjuicios, el cual transcurrió sin una solución, por cerca de 12 años.  

Este lunes, ella narró su testimonio en el programa FrecuenciaMP, luego de que esa larga espera finalmente está cerca de acabar, gracias a que utilizó el servicio de la Unidad de Ejecuciones de Sentencias de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima (ODCV), el cual, en poco más de un año ya arroja resultados.  

Según relató, al recurrir a este despacho del Ministerio Público (MP) y buscar ejecutar la acción civil resarcitoria otorgada en su favor, consiguió que se llegara a un acuerdo extrajudicial, mediante el cual actualmente recibe un pago mensual de parte de la empresa responsable del autobús involucrado en el accidente, lo que le permite vivir mejor ante la imposibilidad para laborar y obtener ingresos.  

“Es una ayuda muy significativa; avanzamos sumamente rápido, porque pasamos un proceso de 12 años y, en menos de dos años, en la ODCV sacaron todo adelante; antes de esto tuve un abogado particular que me intentó ayudar, pero como no vio resultados desistió. Quiero decirles que sigan adelante ayudando a la gente para que podamos hacer justicia”, dijo.  

Acompañamiento. 

Ana Daisy Quirós Barrantes, jefa de la Oficina, explicó en el programa del MP que este servicio permite que una persona abogada acompañe a la víctima “en todas las etapas del proceso”, hasta que, como en el caso de Deilyn, llega la fase en que se procede al pago del monto definido por un juez o jueza para resarcir a la persona por los daños y perjuicios sufridos a raíz del delito.  

Según explicó Andrés Villavicencio Arroyo, coordinador de la Unidad de Ejecuciones de Sentencia, esto se logra luego de realizar “un estudio bienes muebles e inmuebles y salario, en el que se determina si la persona demandada tiene con qué responder; posteriormente, se procura materializar esa indemnización y que la parte condenada la cancele mediante el embargo de los bienes”.  

“Si la persona no tiene bienes ni salario con qué responder, la OAPVD mantiene el expediente activo y cada seis meses se le hacen estudios para determinar si en algún momento esta persona adquiere un bien o un trabajo que le permite hacer frente al pago”, explicó Villavicencio.