El presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificó la intervención de la Fiscalía General de la República contra Marta Esquivel, presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), como un “capricho torpe”.
“A mí me parece que este es un capricho torpe de la Fiscalía y de quienes manejan al fiscal y a los fiscales dentro del Poder Judicial. Después podemos hablar de eso.” indicó Chaves sobre el caso en investigación.
Chaves declaró en conferencia de prensa este miércoles que a Esquivel la trataron como una “sicaria” y aseguró que no hay pruebas absolutas de ningún delito.
El presidente continuó diciendo que la fundamentación de que hubo un delito es “absurda” y que “desafía e insulta la inteligencia de cualquier costarricense”.
“Esa contratación no está en firme. La Contraloría General de la República está revisando una apelación que no tiene respuesta. No hay nada que diga que la contratación, en sí misma, es un acto ilegal.” afirmó el mandatario.
Por otra parte, Rodrigo Chaves indicó que no se ha desembolsado un solo colón y que hay cuestionamientos técnicos sobre los reportes en los que “supuestamente hay sobreprecios”.
Para Chaves, la Fiscalía detuvo a Marta Esquivel antes de consultarle sobre el caso, haciendo una referencia a unas palabras del exmilitar mexicano Pancho Villa, diciendo que “fusílenlos y luego les preguntan“.
El mandatario indicó que se debe preguntar a Carlo Díaz, Fiscal General, sobre la razón por la cual “se movió tan rápido en este caso” y afirmó que habló con expertos y todos coinciden en que “no tiene ni pies ni cabeza”.
Para finalizar, el presidente indicó que Carlo Díaz debe rendir cuentas al pueblo sobre otras causas y preguntó al Fiscal General sobre la rapidez con la que actuaron en este caso y la lentitud con la que actuaron en el caso Aldesa, en el caso de Coopeservidores y sobre Ofelia Taitelbaum, haciendo referencia a otros casos que también han sido sonados en el país.
Sobre el caso en cuestión
El Ministerio Público, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizó varios allanamientos relacionados con una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y perjuicio contra la Hacienda Pública, involucrando a la Junta Directiva de la CCSS entre febrero de 2023 y julio de 2024.
A ocho miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social la Fiscalía les acusa de haber anulado un concurso público para administrar 138 EBAIS y de haber influido para favorecer a cooperativas mediante la modificación de las condiciones del proceso.
Esto habría generado, según declaraciones del Ministerio Público sobre el caso, un costo adicional de más de 12,400 millones de colones.
Además, se sospecha que estos miembros de la Junta Directiva sostuvieron reuniones indebidas con oferentes y extendieron el plazo de contratación a 10 años, excediendo el límite legal de 4 años.
La Fiscalía solicitó cinco medidas cautelares contra ocho miembros de la Junta Directiva que ejercieron entre febrero de 2023 y julio de 2024.
Las medidas, por seis meses, incluyen: impedimento de salida del país, entrega de pasaportes, firma mensual en la fiscalía, prohibición de participar en la licitación bajo investigación y de contactar a 11 testigos.
Por su parte, la Fiscalía también pidió la suspensión del cargo de seis de ellos. Los imputados fueron liberados y comparecieron este miércoles para continuar la audiencia.
