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Las autoridades mantienen bajo investigación a un juez cuyo teléfono celular fue decomisado y ahora es considerado una pieza clave dentro de las pesquisas contra la organización criminal vinculada con alias Diablo.
El dispositivo podría contener conversaciones, fotografías, contactos y otros elementos que permitan determinar si existieron vínculos entre el funcionario y personas relacionadas con este grupo.
La investigación también busca establecer si el juez recibió regalos, dádivas, dinero u otros favores a cambio de beneficiar presuntamente a integrantes de la organización.
El teléfono se decomisa como parte de las diligencias realizadas contra varios funcionarios judiciales y policiales.
Según la información revelada durante la cobertura del caso, los investigadores pretenden encontrar en el dispositivo elementos que permitan determinar la naturaleza de los contactos entre el juez y miembros de la organización de alias Diablo.
Las autoridades deberán analizar el contenido del teléfono y contrastarlo con otras evidencias obtenidas durante los allanamientos.
Entre los elementos que podrían resultar relevantes aparecen conversaciones, fotografías, contactos y registros que permitan reconstruir posibles encuentros o comunicaciones entre los involucrados.
Una de las principales líneas de investigación busca determinar si algunos funcionarios recibieron beneficios a cambio de colaborar con la organización criminal.
Las pesquisas contemplan posibles entregas de dinero, regalos, dádivas y otros favores que presuntamente habrían recibido funcionarios relacionados con el caso.
Las autoridades deberán determinar si esos beneficios existieron y, en caso de comprobarse, cuál habría sido su propósito dentro de la estructura investigada.
Otra de las líneas que trascendió durante la investigación apunta a un supuesto vínculo de carácter sexual entre uno de los jueces detenidos y una familiar de alias Diablo.
De acuerdo con la información divulgada, los investigadores también buscan establecer si este tipo de relación habría formado parte de los presuntos beneficios recibidos por el funcionario.
Las pesquisas provocaron una serie de detenciones y allanamientos en distintos puntos de Pococí.
Entre los detenidos figuran jueces, una oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otras personas que las autoridades relacionan con la investigación.
A los funcionarios también les decomisaron teléfonos celulares, debido a que los dispositivos podrían contener información relevante para determinar cómo habría operado la presunta infiltración.
Los detenidos deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente y se esperaba una audiencia ante el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.
En esa audiencia se determinarían las medidas cautelares que podrían imponerse a los sospechosos mientras avanza la investigación.
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