La Fundación Manos Abiertas, organización allanada este martes 5 de marzo, lucía solitario por dentro y lleno de autoridades por fuera.
Las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia, por su parte, tomó el control de las instalaciones de la fundación, negando, incluso, el paso a las personas hacia dentro del lugar.
Ahí, una mujer, familiar de una de las personas que estaban internadas en el sitio, habló con Noticias Repretel a su llegada.
Según la mujer, de apellido Artavia, no sabía si su familiar estaba en las instalaciones o si lo habían trasladado otro sitio.
“No sé si está o no. Aparentemente en el Registro Civil aparece como muerto. En la familia no fuimos notificados” indicó la mujer sobre su familiar, de 39 años, del cual asegura tener constancia que trabajaba ahí.
Artavia asegura que, por motivos externos, no habían podido visitar a su familiar porque no les permitían ingresar a verlo.
“No teníamos contacto. No nos dejaban acercarnos y hace como 6 años lo pude ver yo y un hermano que entramos encubiertos. Hasta ahora que pasó esto, queríamos saber de él y nos dimos cuenta de que aparece como fallecido.“
Según la mujer, a la familia de este hombre, en apariencia, se les amenazaba para no ingresar al sitio a ver a su familiar.
Además, indica la mujer que este hombre tenía una pensión “que era bastante alta” y en la Fundación supuestamente cobraban la pensión de esta persona para mantenimiento del centro.
Los acusados enfrentaban una audiencia la mañana de este miércoles por este caso.
Hechos
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó una serie de allanamientos la mañana de este martes en Desamparados de Alajuela por una investigación a una junta directiva de una fundación por supuesta tortura, explotación, trata de personas y desvío de fondos.
Según los reportes preliminares del OIJ, esta organización sería de falsas religiosas que malversaban los fondos públicos que recibían por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
En total, se investiga a cinco personas, a quienes se les atribuyen cargos por los presuntos delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado y legitimación de capitales.
Los allanamientos se ejecutan en la casa de uno de los investigados y en las sedes de la organización, en Alajuela y Cartago.
Durante los operativos, el Ministerio Público ordenó la detención de cinco personas, cuatro de ellas son mujeres que se hacían pasar por monjas.
En el transcurso del día, se les tomará la declaración indagatoria; posteriormente, se valorará la necesidad particular de solicitar medidas cautelares para mantenerlos vinculados al proceso penal.
Las diligencias también incluyeron la atención especializada de personas menores de edad y con discapacidad, que estaban en las dos oficinas de la fundación. Esta intervención fue posible gracias a la Sección Clínica Forense del OIJ, en coordinación con los tres hospitales públicos, a efectos de proteger el derecho a la salud y evitar mayor revictimización.
Según detalló la Fiscalía, a pesar de que los sospechosos no trabajan para el sector público, les aplica la norma de sujetos equiparados a la función pública, debido a que, en sus desempeños, trabajan con fondos del Estado.
La fundación opera como una organización sin fines de lucro que presta servicio a personas con necesidades especiales, físicas e intelectuales.
En el expediente penal se investiga al grupo de personas que al parecer se ha dedicado a cometer delitos de corrupción para sustraer y desviar dinero público, en efectivo, con el fin de realizar viajes personales y comprar terrenos.
Presuntamente, los sospechosos le dieron apariencia de legitimidad a esos fondos, a pesar de que conocían que su origen era producto de actividades ilícitas.
Según las fiscalías, también se investiga la aparente explotación laboral en perjuicio de personas que eran reclutadas para trabajar en la organización, puesto que las hacían firmar contratos fraudulentos y no recibían salario, pago de horas extra o vacaciones.
La Fundación será intervenida y quedará bajo la dirección del PANI y CONAPDIS.
En las diligencias participan tres fiscalías del Ministerio Público; OIJ; PANI; CONAPDIS y tres hospitales del Estado.
