78 pensionados de lujo serán perseguidos a nivel penal por el gobierno.
El Consejo de Gobierno anunció que abrirá procesos de lesividad, un proceso penal en que la administración pública le pide a un juez anular un derecho como las pensiones de lujo, porque estas afectan al interés público.
El gobierno tomará como base un criterio de la procuraduría para poner como tope de pensión, el salario actual de los diputados, que ronda los 4 millones
La mayoría de estos 78 jubilados fueron diputados y reciben pensiones de hasta 8 millones de colones. Según el gobierno se ahorrarán 3.500 millones con el cambio.
Redacción NR