Hasta la fecha, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ha recibido casi 600 denuncias por problemas de agua. El último incidente se reportó el viernes en la planta potabilizadora de Guadalupe, donde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) detectó una posible contaminación por hidrocarburos.
Mientras una gran parte de la población seguía ayer el recorrido de la Antorcha de la Independencia, el presidente de la entidad, Juan Manuel Quesada, compartió un video en el que explicó que la alerta se activó gracias a un equipo de detección instalado en la planta.
“Las personas pueden seguir consumiendo sin problemas el agua que reciben en sus casas”, aseguró Quesada ayer en ese mismo video.
No obstante, el mismo sábado, el AyA interrumpió el servicio en algunos sectores de Moravia, Guadalupe y Tibás, y comunicó el cronograma para el paso de los vehículos cisterna, a fin de asegurar que los vecinos de estas comunidades josefinas no se quedaran completamente sin agua.
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En una nueva publicación ese mismo día, la institución informó que no fue posible realizar las maniobras operativas para abastecer a todos los sectores debido a un aumento en el consumo de la población, lo que provocó una disminución en los niveles de agua en los tanques.
Para trasladar agua desde otros sistemas, la entidad anunció cortes del servicio durante la noche y madrugada en sectores de San José, con el fin de ‘apoyar’ a las poblaciones afectadas por la emergencia.
La institución anunció hoy nuevas interrupciones del servicio en algunas zonas de Moravia y Guadalupe. Además, Quesada apareció en un nuevo video para informar a la población que se ha presentado una denuncia penal para investigar y determinar a los responsables de la contaminación.
Incluso, hace pocos minutos el AyA dio una conferencia en vivo a través de su canal de Facebook, donde el presidente Quesada informó que los primeros resultados no arrojaron contaminación del agua y agradeció por la pronta respuesta de los funcionarios de la entidad.
Más de 300 recursos de Amparo se han tramitado ante la Sala IV, incluso algunos de ellos declarados con lugar.
“El prestador tiene que avisar con 48 horas de anticipación a las personas cuando va a haber una interrupción. Esto para que las familias puedan organizarse”, comentó la directora, de la Dirección General de Atención al Usuario, Gabriela Prado Rodríguez
