La Sala Constitucional dio un plazo de dos meses para que el Ministerio de Justicia realice una investigación tras la agresión a un privado de libertad. De igual forma, se ordenó que el Centro De Atención Institucional Jorge Debravo, cuente con equipo de grabación para filmar, registrar y almacenar las requisas con el fin de evitar supuestas agresiones.