Hoy, por la tarde, se espera que la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, junto con su defensa, presente sus argumentos en el Caso Barrenador.
Este es el cuarto día de audiencias de medidas cautelares, en el que figura como imputada Esquivel y ocho personas más. Ellos son: Marielos Gutiérrez. Zerith Rojas, Jorge Porras, Roberto Quirós, Johnny Gómez, Isabel Camareno y Jorge Araya.
Se espera que este proceso finalice la próxima semana, según proyectan los defensores de los implicados.
Estos hechos fueron de conocimiento público el 23 de septiembre. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público llevaron a cabo 28 allanamientos relacionados con aparentes adjudicaciones con sobreprecio de 138 Equipos Básicos de Atención Integral (Ebáis) a diversas cooperativas.
Las medidas cautelares por un plazo de seis meses solicitadas por la Fiscalía incluyen la prohibición de salir del país, la entrega de pasaportes, la obligación de firmar una vez al mes, y la restricción de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación en investigación. Además, se prohíbe comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
El abogado Rodrigo Araya, quien lleva la defensa del directivo de la CCSS, Jorge Porras, señaló que las personas investigadas han “enriquecido” de distintas formas las razones por las cuales los involucrados tomaron la decisión de esta adjudicación de licitación.
“Para la tarde está destinada a declarar doña Marta Esquivel, quien ya pidió la palabra, posteriormente su abogado, y ya con esto esperamos finalizar la audiencia”, expresó Araya.
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Según Roberto Quirós, Costa Rica “nunca” privatizó los servicios. “El modelo que hemos seguido desde 1987 ha sido la participación de organizaciones sociales, trabajadores, brindando el servicio para todos los habitantes de este país en forma eficiente, y eso nadie lo puede cuestionar”, comentó.
Ayer, el director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó la supuesta eliminación de 380 archivos que estaban siendo investigados en el Caso Barrenador. Este hecho ha generado preocupación, especialmente por su posible impacto en las pesquisas.
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