La presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, quedó detenida por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de que la propia jerarca se presentara ante las oficinas judiciales en Pérez Zeledón.
Esquivel es la primera presidenta ejecutiva de la CCSS en ejercicio que queda detenida por las autoridades judiciales, ya que Eliseo Vargas, quien también fungió como presidente de la Caja, había quedado detenido por el caso Caja-Fischel, pero en ese momento de su detención, ya no era presidente en ejercicio de la entidad.
“Se confirma el traslado de la señora Esquivel desde los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón hasta el II Circuito Judicial de San José (Goicoechea), pasadas las 10 de esta mañana.” indicó la Fiscalía a través de su oficina de prensa.
La actual presidenta ejecutiva de la CCSS quedó detenida como parte de investigaciones que realiza la Fiscalía y el OIJ por una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.” indicó la Fiscalía a través de su oficina de prensa.
Además de Esquivel, siete personas más quedaron detenidas por este caso, identificadas con los apellidos Camareno, Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós. Por su parte, también la Fiscalía informó que se detuvo a un médico de apellidos Ramírez Carranza luego de que se encontrara un revólver calibre 38 y municiones para la misma sin los respectivos permisos.
A pesar de que se determinó que las ofertas de las cinco entidades eran excesivas, lo que implicaba un aumento anual de más de 12,400 millones de colones en comparación con el costo actual del servicio en las mismas áreas de salud y con las mismas condiciones técnicas, las ofertas seguían siendo más costosas que si la CCSS asumiera el servicio directamente.
Las autoridades judiciales sospechan que algunos miembros de esa Junta Directiva podrían haber sostenido reuniones con los oferentes, lo que habría otorgado una ventaja indebida a estos últimos.
También se investiga el plazo del contrato adjudicado, ya que la Ley de Contratación Pública establece que el período ordinario no puede exceder los cuatro años. Sin embargo, en este caso, el contrato se otorgó por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el 6 de julio incluyen: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho.
Los ocho imputados serán trasladados al segundo Circuito Judicial de San José, donde se tomarán las declaraciones indagatorias.
