La Fiscalía logró que se impusieran medidas cautelares por un año en contra de tres funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), quienes están siendo investigados por el presunto delito de circulación de sustancias envenenadas o adulteradas.
El juzgado ordenó a los imputados, entre ellos Ramírez Sánchez y Quesada Cubillo, abstenerse de acercarse, contactar o amenazar a los testigos involucrados en este caso.
Esta prohibición incluye el uso de medios personales, intermediarios o a través de plataformas escritas o digitales.
Además, se dispuso la reubicación inmediata de Ramírez y Quesada a otros centros de trabajo dentro del AyA, con el fin de evitar su influencia sobre los testigos.
Los detenidos son sospechosos de un supuesto delito contra la salud pública, relacionado con el protocolo de distribución de agua para consumo humano.
Su arresto se debe a su responsabilidad en la supervisión del tratamiento y distribución de agua desde la Planta Potabilizadora de Guadalupe hacia las zonas afectadas, ya que aparentemente eran los encargados de garantizar el buen funcionamiento del proceso.
Esta investigación se originó a partir de denuncias recibidas el pasado 22 de enero, cuando ciudadanos de los cantones de Goicoechea, Moravia, Tibás y Montes de Oca reportaron un sabor extraño y olor a hidrocarburos en el agua potable.
El 25 de enero, el Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial advirtiendo que el agua de estos sectores no era apta para consumo, tras detectarse la presencia de hidrocarburos, específicamente xilenos, en análisis de laboratorio.
La investigación sobre la presunta contaminación de agua continúa, mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
