jueves 27 de mayo 2021

Funcionario de Japdeva y agente aduanero son sentenciados a 10 años de prisión por peculado

Mientras la sentencia queda en firme, ambos cuentan con medidas cautelares que les impide salir del país, deben presentarse a firmar una vez al mes al Tribunal y deben entregar sus pasaportes.

La Fiscalía de Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) probó que los hombres de apellidos Pecou Johnson y Fonseca Castañeda son responsables de cometer dos delitos de peculado, por lo que, cada uno, fue sentenciado a 10 años de prisión. La lectura del por tanto estuvo a cargo del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, el 24 de mayo anterior.

De igual manera, este Tribunal también los condenó civilmente al pago de ₡115.099.056,58; también deben cancelar las costas procesales por un monto de ₡16.009.905.

El caso. 

La FAPTA logró demostrar que, en el 2005, Pecou, como jefe de proveeduría de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), contrató a Fonseca, un agente aduanero independiente, quien había presentado una licitación de 168 millones de colones, para gestionar y cancelar los impuestos de la nacionalización de dos embarcaciones.

Un año antes, la Contraloría General de la República había aprobado un presupuesto de 400 millones de colones para que se llevara a cabo ese trabajo, pues se consideró una labor esencial.

Sin embargo, la Fiscalía comprobó que los imputados sustrajeron, en total, 115 millones de colones que procedían de fondos públicos, haciendo creer a la administración de JAPDEVA que las embarcaciones estaban en abandono. 

El Ministerio Público evidenció que los hombres simularon algunas acciones que les permitieron cobrar, de manera ilícita, ese dinero del Estado. Asimismo, demostró que ambos alteraron las declaraciones aduaneras y fechas en documentaciones, para ocultar lo ilícito de los hechos.

Mientras la sentencia queda en firme, a solicitud de la FAPTA, ambos cuentan con medidas cautelares que les impide salir del país, deben presentarse a firmar una vez al mes al Tribunal y deben entregar sus pasaportes.