Las luces de alarma se encendieron en el Congreso después de las impactantes declaraciones del fiscal general, Carlo Díaz.
El Fiscal General reveló ante los diputados de la comisión de Ingreso y Gasto Público que se estarían realizando pagos en bitcoins para llevar a cabo campañas de desprestigio en su contra y contra la Sala Constitucional, especialmente en relación con la controversia en torno a la Ley Jaguar.
Díaz destacó que los ataques que recibe a diario son parte de una estrategia financiada con criptomonedas desde el extranjero, señalando que existe un aparente ofrecimiento de 6 bitcoins destinado a socavar la aprobación de la Ley Jaguar y su propia reputación.
Según el Fiscal, esto demuestra la existencia de un equipo organizado con el objetivo de atacar a quienes se oponen a esta legislación y a las decisiones de la Sala Constitucional, que ha desechado la ley en dos ocasiones.
La situación ha generado preocupaciones entre los congresistas de oposición, quienes ven en las declaraciones del Fiscal una evidencia de maniobras desleales.
Mientras tanto, el oficialismo cuestionó la forma en que se recibió a Díaz en la comisión. Algunos miembros del gobierno expresaron que no tienen conocimiento de los supuestos pagos en bitcoins, sugiriendo que las afirmaciones del Fiscal podrían ser una “cortina de humo”.