El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, compareció durante tres horas ante los diputados que conforman la comisión de Infraestructura para ofrecer explicaciones sobre la escogencia de Dekra como la empresa encargada de la Revisión Técnica Vehicular.
Los cuestionamientos surgen a raíz de la elección de la empresa alemana, a pesar de que otros oferentes aparentemente tenían un mejor perfil.
Amador argumentó que si la Aresep hubiera establecido una tarifa máxima, se podría haber aceptado cualquier oferta por debajo de ese tope. Esto significa que el criterio de precio habría permitido elegir la opción más económica. Sin embargo, al imponer un precio mínimo, la entidad reguladora habría obligado a los concursantes a mantenerse en ese umbral, impidiendo ofertas más bajas.
El diputado Francisco Nicolás del partido Liberación Nacional interpeló al exministro sobre la elección de una empresa que estaba siete puntos por debajo de otra participante. “¿Qué intereses lo movieron a usted? ¿Para qué hizo este concurso?”, agregó.
Esto fue lo que respondió Amador a las interrogantes del verdiblanco: “Don Francisco, nuevamente su apreciación es incorrecta. Al quedarnos sin tarifa, como uno de los dos factores utilizados para asignar puntaje, solo pudimos considerar la experiencia”.
Cobro de reinspección
El argumento del exministro no dejó satisfechos a los legisladores, entre ellos, Luis Diego Vargas del Partido Liberal Progresista, quien cuestionó la aceptación en el decreto de que se cobrara la reinspección. “Había un interés del Presidente de vender un discurso diferente a la realidad”, criticó.
La empresa alemana Dekra fue seleccionada después de que, al finalizar la administración de Carlos Alvarado, venciera el contrato de revisión vehicular con Riteve, la compañía española que había ofrecido el servicio durante años.
La selección de Dekra se llevó a cabo bajo un procedimiento distinto, lo que generó una serie de cuestionamientos por parte de los diputados. Se criticó que no se aplicara el criterio del Consejo de Seguridad Vial y que el Gobierno asumiera la responsabilidad del proceso, además de que se aseguró que no se cobraría la reinspección vehicular, a pesar de que los costarricenses sí están pagando por ella.
