La Fiscalía de Puntarenas dirigió este miércoles una serie de siete allanamientos en el marco de una investigación contra un médico psiquiatra sospechoso de vender incapacidades a funcionarios del sector público.
El principal imputado, identificado con los apellidos Mora Ávila, enfrenta cargos por el presunto delito de concusión, ya que, según la investigación preliminar, cobraba dinero a cambio de extender incapacidades a trabajadores del Ministerio de Educación Pública, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Paz.
Según la Fiscalía, uno de los casos más relevantes involucra a un paciente que habría pagado ₡150,000 por cada uno de los cuatro meses de incapacidad que obtuvo. Además, se identificaron 25 usuarios con incapacidades sospechosas. Algunos de estos habrían modificado su dirección en la plataforma EDUS para recibir atención en Puntarenas y facilitar el proceso con Mora.
Entre los inmuebles allanados se encuentran la vivienda y el consultorio privado de Mora, en El Roble, así como su puesto de trabajo en el Hospital Monseñor Sanabria.
También se registran las oficinas de tecnología de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ubicadas en San José, en busca de evidencia que respalde las acusaciones.
Otros implicados
Además de Mora, otros dos funcionarios del Hospital Monseñor Sanabria están siendo investigados:
- Solís Blanco, médico emergenciólogo, quien presuntamente solicitaba pagos a cambio de referir pacientes a psiquiatría. Las autoridades realizaron un allanamiento en su vivienda, en Esparza.
- Ibrahain, encargado de gestionar citas en la plataforma EDUS, quien al parecer priorizaba las solicitudes de pacientes referidos por Solís para que fueran atendidos rápidamente por Mora.
Las autoridades también investigan un patrón de incapacidades emitidas de manera irregular, beneficiando a personas que, según los registros, no cumplían con los criterios médicos necesarios.
La Fiscalía confirmó que, durante los allanamientos, únicamente se procederá con la detención de Mora Ávila. Sin embargo, se analizará toda la evidencia recopilada en los inmuebles registrados para determinar la responsabilidad de los otros sospechosos y avanzar en las acusaciones.
