El robo de electricidad es una práctica ilegal en crecimiento en Costa Rica, que afecta gravemente tanto a las empresas como a la población.
Este fenómeno se produce cuando individuos o empresas establecen conexiones ilegales para obtener energía en sus hogares sin permisos adecuados.
Desde 2016 hasta 2023, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha sufrido pérdidas significativas, ascendiendo a 11,865 millones de colones debido a esta actividad delictiva.
Estas pérdidas no solo impactan a la institución, sino que también afectan a los usuarios, deteriorando la calidad y disponibilidad del servicio eléctrico.
En respuesta a esta problemática, la Asamblea Legislativa de Costa Rica está considerando un proyecto de ley para crear una nueva figura delictiva relacionada con el robo de energía. Las sanciones propuestas incluyen:
- Robo de energía y suspensión del servicio: Prisión de 6 meses a 4 años.
- Daño al sistema eléctrico: Prisión de 3 a 5 años.
- Manipulación de medidores: Prisión de 1 a 3 años.
El robo de electricidad no se limita a una sola región; sin embargo, se ha detectado una mayor incidencia en la Gran Área Metropolitana.
