El gobierno del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, a través del Ministerio de Hacienda, le quitó 2.500 millones de colones al Poder Judicial, ante la decisión de este último de no ajustarse al Plan Fiscal. La Presidencia aseguró que los recursos se le van a devolver a la Corte una vez que se ajusten los salarios de los funcionarios del Poder Judicial a la reforma fiscal.