La sesión del plenario legislativo de este martes estuvo marcada por una fuerte controversia luego de que la diputada del Partido Liberal Progresista, Johana Obando, afirmara haber recibido amenazas de muerte y acusara al Gobierno de perseguirla.
Obando aseguró que estas amenazas están relacionadas con su postura crítica hacia los procesos de licitación para la implementación de redes 5G en el país, mencionando directamente el contrato con la empresa Datasys. Durante su intervención en el plenario, la diputada señaló:
“Los mensajes de los chavistas han sido contundentes: ‘Queremos muerte’, y sí, efectivamente, tengo temor por mi vida.“
La jefa de fracción del partido oficialista, Pilar Cisneros, también solicitó a Obando presentar pruebas de sus acusaciones de persecución y amenazas de muerte.
“Si cree que la siguen y si cree que tiene pruebas, no es aquí donde ella tiene que hacer la denuncia, es en el Ministerio Público. Todos los carros en este país tienen número de placa, entonces que diga el carro y el número de placa que la estaba persiguiendo. Para mí, es puro humo.“
La diputada Cisneros también aseguró que la diputada Obando no se refirió a la parte de fondo, indicando que ella no declaró cuándo y cuántas veces se reunió con un empresario chino, así como su presunta participación en fiestas de la empresa Huawei.
¿Qué hizo una diputada quedándose a dormir en la casa “del chino”?, recalcó Cisneros al respecto.
Además, la congresista cuestionó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, sobre presuntas persecuciones en su contra, lo que generó un acalorado debate en el Congreso y respuestas de otros diputados.
Ante las declaraciones de Obando, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, anunció que interpondrá denuncias por los señalamientos en su contra. En unas declaraciones, Zamora afirmó:
“Interpondremos las denuncias respectivas por la comisión de estos delitos contra el honor, pero además exigimos a la diputada evidencias en torno a sus afirmaciones y sobre todo que no se utilice el plenario legislativo para la politización, como se pretende hacer de la seguridad pública en nuestro país“.
Por su parte, Luis Fernando Mendoza, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, solicitó al Ministerio Público interferir en el tema e investigar y verificar los intereses del Ejecutivo, el Congreso y la empresa privada.
