Los responsables de la funeraria buscaban muertos y familiares cercanos, preferiblemente extranjeros y que hubiesen tenido condiciones de vida precarias. El hecho sucedió en España.
Falsificaban la información para poder extraer los cadáveres de hospitales o residencias y posteriormente los vendían a las universidades al precio de 1200 euros.
Las investigaciones indican que las irregularidades no solamente fueron en la venta de cuerpos, también la funeraria llegó a ganar unos 5000 euros en una universidad, por hacer la incineración de cadáveres una vez estudiados.
Aprovechaban para introducir las partes en otros difuntos, para hacer las mínimas incineraciones posibles, ahorrándose costes y cobrando a la propia universidad.
Hay cuatro detenidos, dos de ellos responsables de la funeraria y los otros dos trabajadores.
