Las denuncias por delitos cibernéticos, en especial las estafas bancarias, han experimentado un alarmante crecimiento en los últimos dos años, según estadísticas recientes. En el periodo comprendido entre 2023 y 2024, el número de denuncias prácticamente se duplicó, alcanzando un promedio de 27 casos diarios atendidos por las autoridades judiciales.
Este fenómeno está ligado a la acción de hackers y grupos organizados que operan desde el extranjero, simulando ser costarricenses para contactar a sus víctimas a través del ciberespacio y defraudarlas. Además, existe un grupo local especializado en fraudes telefónicos, quienes engañan a las personas para obtener sus claves bancarias y sustraer dinero de sus cuentas.
Las autoridades, en particular el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), han intensificado sus esfuerzos para enfrentar esta amenaza digital. Paralelamente, delitos como robo, hurto y asalto han disminuido significativamente, con una reducción de 4.955 casos en el último año. Este descenso se atribuye a una acción efectiva de la Fuerza Pública mediante patrullajes y detenciones que permiten llevar a los delincuentes ante los tribunales de flagrancia.
Sin embargo, mientras los delitos contra la propiedad han bajado debido al teletrabajo y la implementación de medidas electrónicas en las viviendas, el cibercrimen ha crecido de manera desmesurada. Este tipo de delitos no solo generan un daño patrimonial, sino que también pueden tener consecuencias físicas para las víctimas.
El aumento de delitos contra la vida es otro factor preocupante. Aunque han mostrado una ligera disminución en el último año, las estadísticas reflejan un patrón de crecimiento a largo plazo. Este contexto sugiere que Costa Rica está enfrentando una transformación en su panorama delictivo, pasando de una delincuencia tradicional basada en asaltos y hurtos a una delincuencia digital propia de sociedades más avanzadas.