La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) presentó oficialmente el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, un instrumento que orientará las acciones país para minimizar las causas de los desastres, aumentar las capacidades y potenciar la atención de las emergencias. Esta guía estará vigente del 2021 al 2025.
Este documento de orden estratégico está vinculado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), en el Marco de Acción para la Reducción del Riesgo de Desastres de Sendai.
Para construir el nuevo Plan de Gestión del Riesgo, se sometió a una consulta a más de 800 personas representantes del sector estatal, privado y sociedad civil. Más de un centenar de sesiones de trabajo permitieron evaluar el plan anterior y redefinir las prioridades y retos que deberían enmarcarse en el documento para los próximos cinco años, además de los aportes recibidos en el Foro Nacional – modalidad virtual durante el 2020.
“El Plan fue aprobado por la Junta Directiva de la CNE el pasado 07 de abril 2021 y desde ya está a disposición de todas las instancias de coordinación, las instituciones públicas, y todos los sectores para su respectiva consulta y planificación en la Gestión del Riesgo”, argumentó Alexander Solís, jerarca de la CNE.
Uno de los imperativos que busca el plan es que los diferentes sectores nacionales aborden de forma sistémica la gestión del riesgo, contemplando una planificación y articulación con todos los actores relevantes para cumplir las metas y reducir las perdidas (en todas las áreas) en caso de desastre,
Este plan quinquenal responde a los cinco ejes temáticos definidos previamente en la Política Nacional: generación de resiliencia e inclusión social, participación y desconcentración para la gestión del riesgo, educación, gestión del conocimiento e innovación, inversión financiera sostenible, infraestructura y servicios, y por último la planificación con mecanismos e instrumentos normativos para la reducción del riesgo.
¿Cómo medir la eficacia del Plan?
El documento base define un conjunto de actividades puntales, fecha máxima para su finalización y lo más importante, se definen las responsabilidades que tienen las instituciones. De manera que en la planificación estratégica a lo interno de las instituciones se deberá reflejar cuales son los compromisos adquiridos para los próximos cinco años.
Por ejemplo, una de las actividades planteadas es que las 82 municipalidades y las 08 intendencias cuenten con oficinas de gestión de riesgo que contemplen criterios de derechos humanos y género, siendo los mismos Gobiernos Locales los primeros responsables en cumplir la tarea antes que finalice el 2022.
“Todas las actividades están enmarcadas en los ámbitos de reducción del riesgo, preparativos y respuesta y recuperación. Por otra parte, ya existe un proceso de verificación y medición del avance del plan a través de comités de seguimiento y mecanismos anuales como lo es el Foro Nacional”, complementó Solís.
El Plan Nacional se presentó en el marco de la conmemoración de los 30 años del Terremoto de Limón; uno de los desastres más catastróficos en la historia del país, y que desde entonces ha marcado una pauta en la importancia de tener una mejor planificación, visión y articulación en el manejo del riesgo.