Tres fiscalías del Ministerio Público; OIJ; PANI; CONAPDIS y tres hospitales del Estado participaron de allanamientos este martes 5 de marzo en una Organización No Gubernamental (ONG) ubicada en Desamparados de Alajuela.
Según el Ministerio Público, se busca evidencia para incorporar en una investigación contra cinco personas de una fundación, a quienes se les atribuyen cargos por los presuntos delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado y legitimación de capitales.
Según las investigaciones, los supuestos actos de tortura en contra las personas menores de edad que los imputados tenían a su cargo en la fundación propiciaron deterioro de la salud e integridad física de los niños, ya que eran atendidas por personal de enfermería y medicina que no contaba con los conocimientos necesarios.
“Estas personas, al darse cuenta de que estaban laborando sin pagos, fueron a poner la denuncia. Ellas relataron que las torturas que recibían los niños, era que a los menores les ponían las manos en agua fría cuando se comportaban de una forma incorrecta, además los ponían a hacer una medida de reprimenda, y los ponían al sol durante algún tiempo” detalló Randall Zúñiga, director del OIJ, a Noticias Repretel esta mañana.
También se investiga la aparente explotación laboral en perjuicio de personas que eran reclutadas para trabajar en la organización, puesto que las hacían firmar contratos fraudulentos y no recibían salario, pago de horas extra o vacaciones.
Los allanamientos se ejecutan en la casa de uno de los investigados y en las sedes de la organización, en Alajuela y Cartago.
Durante los operativos, el Ministerio Público ordenó la detención de cinco personas, cuatro de ellas son mujeres que se hacían pasar por monjas.
En el lugar atendían a 70 menores de edad y las diligencias también incluyeron la atención especializada de personas menores de edad y con discapacidad, que estaban en las dos oficinas de la fundación.
“Esta intervención fue posible gracias a la Sección Clínica Forense del OIJ, en coordinación con los tres hospitales públicos, a efectos de proteger el derecho a la salud y evitar mayor revictimización.” indicó el Ministerio Público.
A nivel administrativo, la Fundación será intervenida y quedará bajo la dirección del PANI y CONAPDIS.