Este martes, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, y otras autoridades de la entidad podrán regresar a sus funciones, según confirmó el abogado penalista Rodrigo Araya, defensor de uno de los imputados en el caso “Barrenador”.
El juez a cargo del caso aún no ha emitido criterio sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
El caso, que ha captado la atención pública tras la realización de 28 allanamientos y la detención de ocho personas el pasado 23 de septiembre, está relacionado con presuntos delitos de tráfico de influencias y daño contra la hacienda pública.
Las investigaciones se centran en la adjudicación de contratos para la administración de 138 Ebais, en los que se sospecha de un millonario sobreprecio a favor de proveedores, en su mayoría cooperativas.
El Ministerio Público solicitó como medida cautelar la suspensión de las funciones de los imputados en la CCSS, pero el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública aún analiza las pruebas y circunstancias del caso antes de decidir.
“El juez a cargo del caso aclaró que, mientras él resuelve, no hay ninguna medida que pese sobre los funcionarios, a efectos de que puedan seguir laborando en sus cargos hasta que él resuelva finalmente sobre este tema”, declaró el abogado Araya a la prensa.
Entre los detenidos el pasado lunes 23 de septiembre se encuentran, además de Esquivel, la gerente general de la CCSS, Marielos Gutiérrez, y los directivos Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zerith Rojas, representantes de Uccaep.
También fueron detenidos los exdirectivos Roberto Quirós, Jorge Porras y Jorge Araya.
La resolución del juez será clave para determinar el futuro de los funcionarios y las acciones a seguir en este caso que involucra supuestos actos de corrupción en la administración de servicios médicos esenciales.
