Al Presidente de la República, Carlos Alvarado, y al exministro de la presidencia, Víctor Morales, los demandó la procuraduría de la ética pública por la creación de la UPAD.
Los abogados del mandatario sostienen que no se cometió ningún delito, según indicaron mediante un comunicado, en el que también señalan que no existe ningún daño social la procuraduría, esta unidad se dictó de manera contraria a derecho y fundado en hechos falsos por parte del mandatario y el exministro.
